Enfoque de los efectos de la política fiscal en la equidad

La desigualdad plantea un reto crítico para los gobiernos. En un sentido amplio, el aumento de la desigualdad no solo puede afectar el crecimiento económico y generar problemas sociales, sino que además puede incidir negativamente en el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos.

          En mayor o menor medida y dependiendo del pacto social, los gobiernos cumplen una función redistributiva del ingreso por medio de los impuestos y las transferencias.

          En este contexto, la eficiencia y eficacia de las políticas fiscales son fundamentales para lograr sociedades más igualitarias y luchar contra la pobreza.     Esto adquiere una relevancia especial en el caso de América Latina y el Caribe (ALC), dado que, a pesar de mejoras recientes, la región sigue presentando la mayor medida de desigualdad en el mundo.

          Según las evidencias más recientes de que se dispone, la desigualdad en ALC, medida según el coeficiente de Gini, después de impuestos y transferencias, es 70% mayor en promedio que entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con índices de 0.49 y 0.29, respectivamente.-

          El coeficiente de Gini es la medida de desigualdad del ingreso más común. Su objetivo es representar la distribución del ingreso entre la población de un país dado.

          Surgiendo de una  evidencia empírica y se pude  entender por qué la política fiscal en ALC muestra un rezago con respecto a las economías más avanzadas en cuanto a la reducción de la desigualdad.-

          En la cual debemos considerar que hay varios canales a través de los cuales la política fiscal puede cumplir una función en el logro de la equidad. Por ejemplo, al crear igualdad en el acceso a las oportunidades que pueden generar movilidad social y traer consigo mejoras en la distribución del ingreso a largo plazo.

          A su vez, se puede promover la igualdad de oportunidades mediante el gasto social y la inversión en obras de infraestructura pública relacionadas con los servicios públicos dirigidos a todos los ciudadanos, o promoviendo el crecimiento y el empleo productivo a largo plazo.

          Al mejorar el capital humano, los individuos pueden acceder a un empleo más productivo y percibir salarios más altos a largo plazo, especialmente si la política económica en general, y la fiscal en particular, crean condiciones para un crecimiento alto y sostenido.

          De modo similar, a través del gasto social, la política fiscal puede promover la igualdad de oportunidades al asegurar que todos los individuos puedan desarrollar su potencial sin verse limitados o afectados por factores que están fuera de su control, como las condiciones sociales, económicas y familiares.

          En este sentido, fácil acceso a servicios de educación y salud, agua y sanidad, de alta calidad es fundamental para nivelar las condiciones de participación, especialmente en el caso de los grupos de bajos ingresos que deben salvar una brecha social o desventajas considerables.

Fuente: OCDE (2016), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, Éditions OCDE,
Paris. http://dx.doi.org/9789264266391-es